La despenalización y legalización del aborto es un tema de salud pública, de justicia social, y de derechos humanos, por eso queremos una ley que garantice el derecho de las mujeres a practicar un aborto seguro y gratuito, en el hospital.
Porque el aborto clandestino sin condiciones sanitarias adecuadas pone en peligro la vida y la salud de las mujeres, especialmente las más pobres. Porque el aborto inseguro es la primera causa de mortalidad materna en Argentina. La criminalización del aborto no impide su práctica, como lo demuestra la realización de alrededor de medio millón de abortos por año.
Despenalizar y legalizar el aborto es reconocer que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado. Es reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y conducir sus vidas de forma autónoma.
La legalización no obliga a ninguna mujer a practicar el aborto. Las mujeres que no lo aprueben pueden sostener sus convicciones, de igual manera que aquellas que lo admiten deben poder actuar según su conciencia. Exigimos, entonces, que el Estado garantice las opciones, el acompañamiento y una alta calidad de atención a las mujeres, sea cual fuere la decisión tomada frente a un embarazo, sin imponer valores morales o creencias religiosas particulares a toda la población.
La Clandestinidad del aborto, aún para aquellas mujeres que pueden hacerlo de una forma segura, las somete a todas por igual a una política que las infantiliza negándoles autonomía soberanía que todo ser debe ejercer en tanto derecho humano incuestionable. No podemos hablar de igualdad de derechos si como personas no tenemos la posibilidad de determinar de manera autónoma, libre y voluntaria las decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Un estado que se diga democrático debe garantizar el acceso a la información sobre sexualidad y reproducción, y a la prestación de servicios que garanticen la posibilidad de decisión de las personas; ya que las decisiones que afecten al cuerpo y vida de las humanas, en este caso, solo pueden ser tomadas por las afectadas.
Actualmente en nuestro país se realizan un promedio de 500.00 abortos al año, lo que evidencia que la penalización es una política ineficaz para evitarlos. Lo único que logra es que las mujeres recurran a esta práctica en clandestinidad, con la consecuencia de que más de 100 mujeres mueran anualmente, y otros centenares sufran daños irreversibles. El acceso a un aborto seguro es muy costoso, además de clandestino, por lo que las víctimas fatales suelen ser mujeres pobres y sin recursos. En este sentido, entendemos que legalizar el aborto es estar a favor de la vida, y es una política de Derechos Humanos y justicia social.
La campaña por la legalización plantea un abordaje integral, exigiendo educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos para prevenir los embarazos no deseados, pero sabemos que por situaciones de desconocimiento, abuso, violencia, y variedad de circunstancias no previstas, seguirán existiendo mujeres y niñas que queden embarazadas de forma involuntaria, y la única política eficaz para que sus vidas no corran riesgo, es permitirles acceder a una interrupción segura de la gestación.
Por todo ello, Elegimos Elegir:
EDUCACIÓN SEXUAL para decidir, ANTICONCEPTIVOS para no abortar,
ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO para no morir.