La decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de hacerse cargo del 51% de las acciones de Repsol resulta imprescindible para comenzar a revertir la entrega que significó la venta de YPF a capitales privados transnacionales, que liquidó el auto-abastecimiento y la soberanía energética del país, así como dejó de lado la necesidad popular de contar con gas, combustible y energía a precios accesibles y en cantidades necesarias.
Repsol se aprovechó de las exploraciones que durante décadas desarrolló la que fuera la principal empresa nacional para obtener la máxima ganancia posible, exportando a altísimos precios internacionales y evitando inversiones, para girar extraordinarios dividendos que financiaron su expansión en otros países. Un bien estratégico del país, en manos de Repsol, se transformó en mera mercancía de exportación. Ante este escenario, valoramos como un hecho positivo la recuperación del 51% de la empresa, aunque todo dependa del camino que se emprenda a partir de esta nueva situación.
Por parte del gobierno español, su enojo de tintes colonialistas sólo puede dar lugar al más enérgico repudio por parte de los sectores populares. Su amenaza de represalias comerciales o de trabar el acceso a créditos no tiene visos de hacerse efectiva dada la situación de debilidad de la misma España. En ese marco internacional, Argentina debe buscar el apoyo político y el intercambio y colaboración económica y tecnológica con los países hermanos de América Latina.
Al mismo tiempo, consideramos que el rumbo de la nueva YPF no puede quedar sólo en manos de su directorio, del gobierno, ni de los sectores empresariales. Es el pueblo el que debe comenzar a debatir y movilizarse en forma independiente, para intervenir en el mismo. El énfasis gubernamental en que no se trata de una estatización sino de la conformación de una Sociedad Anónima con capitales mixtos, implicará pronto la necesidad de elegir entre el criterio empresarial de maximizar ganancias o comenzar a responder a las necesidades nacionales, realizando las inversiones necesarias y priorizando el buen vivir de nuestra gente. Por esto, es el pueblo movilizado de manera independiente quien debe intervenir en la dirección que asuma la nueva YPF, para asegurar que el rumbo tomado responda a las necesidades de la población, que necesita redes de gas natural para no pagar garrafas a precio de oro, así como no tener que responder por los cargos de “gas importado” en las facturas, o temer los tarifazos que se encuentran latentes. Igualmente, la producción industrial también necesitará de otra base energética. La Argentina cuenta con una gran cantidad de trabajadores, técnicos y profesionales, sumamente capacitados, que fueron dejados en la calle tras la privatización y a los que se podría recurrir en esta nueva etapa.
Al mismo tiempo, consideramos que el dinero con el que se pagaría a Repsol debería destinarse a revertir la crisis energética, a diversificar su matriz desarrollando energías alternativas, renovables y no contaminantes, así como a la satisfacción de las necesidades populares, como la ampliación de la red de gas natural y la de puntos de venta de garrafas a precios accesibles. Asimismo ese dinero podría destinarse a la transformación del sistema de transporte y ferroviario, en crisis por causas similares a las de YPF. Esto resulta imprescindible no sólo para terminar con los reiterados accidentes como la reciente masacre del Sarmiento, sino que la destrucción del ferrocarril para priorizar el transporte automotor da lugar a un despilfarro de combustible innecesario. Basta considerar que un solo tren puede reemplazar a 40 camiones o a 20 micros de pasajeros. La responsabilidad de Repsol en la actual crisis, exige no pagarle y realizar una auditoría del deterioro patrimonial y de los pasivos ambientales que nos ha dejado. Por otra parte el Estado está hoy en condiciones de asumir la totalidad de la empresa. Existen distintas referencias en América Latina, una de ellas el de la empresa PDVSA en Venezuela, en donde el gobierno bolivariano asumió el control total de la misma. Teniendo en cuenta que Respsol-YPF controla actualmente solo el 30% del mercado petrolero, creemos necesario avanzar sobre el conjunto de la producción de hidrocarburos en nuestro suelo
Por último, entre los objetivos anunciados está el de explotar el “petróleo y gas no convencional”, que por su efecto contaminante y las cantidades de agua que exige, ya ha sido prohibido en Francia y otros países. Además de su alto costo económico y ecológico, la tecnología y los capitales para afrontar su explotación serían motivo de asociación con otras multinacionales que no tienen nada que envidiar al comportamiento de Repsol. Se hace entonces necesario discutir un cambio radical en la política energética que la transforme en un derecho básico a disfrutar por nuestro pueblo que no hipoteque el futuro de las próximas generaciones, como lo haría la explotación del petróleo no convencional, comparable a la mega-minería a cielo abierto.
El debate y la movilización por un proyecto nacional y latinoamericano de soberanía energética están abiertos y dependerán de la intervención popular. Porque si bien la actual medida es positiva y permite ir por más, no podemos olvidar que se ha llegado al mismo tras largos años en que los miembros del actual gobierno pasaron de apoyar la privatización menemista a ensayar, una vez en el gobierno, una dudosa “argentinización” de la mano del grupo Petersen (Esquenazi), con el resultado de una política petrolera que acumula fracasos. La intervención popular podría garantizar un giro de 180ª en este rumbo.
En Argentina, han sido numerosos los esfuerzos de trabajadores y trabajadoras que lucharon y se opusieron a la privatización de YPF, no sólo para defender su fuente de trabajo, sino también para resistir la pérdida de soberanía que significó esa medida. Las grandes puebladas de Mosconi, Tartagal y Cultral-Có son algunos hitos de la lucha de nuestro pueblo por su soberanía, que hoy se reproducen y encuentran su continuidad en nuevas resistencias y propuestas.
Creemos entonces que es fundamental abordar una perspectiva de avance en la construcción de soberanía popular, que incluye la recuperación y defensa del conjunto de nuestros bienes estratégicos, una proyección que enfrente el saqueo y la devastación social, económica y ambiental a partir de la movilización y la lucha y que nos permita ir por una YPF 100% pública con control popular.
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